Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron el beneficio de la prisión domiciliaria que recibió Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, y reclamaron que cumpla su condena de seis años por administración fraudulenta en una cárcel común, como cualquier otro preso.

En un escrito de 33 páginas, los fiscales sostuvieron que no existen motivos reales para que la ex presidenta —de 72 años— continúe detenida en su domicilio con tobillera electrónica, y advirtieron que el fallo que le otorgó el beneficio genera un «impacto social negativo».

El Tribunal Oral Federal 2 le había concedido la domiciliaria el pasado 17 de junio, argumentando razones de seguridad tras el intento de magnicidio en 2022. Pero ahora la decisión definitiva está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver si ratifica el beneficio o la envía a una unidad penitenciaria.

Los fiscales remarcaron que el cumplimiento de la pena debe realizarse en una cárcel y advirtieron sobre el «trato desigual» que recibe la exmandataria frente a otros condenados. También cuestionaron el despliegue de seguridad en el barrio porteño de Constitución, donde reside.