La jueza Martina Forns suspendió por seis meses cualquier acto administrativo relacionado con el decreto 461/2025 que dispone la disolución de Vialidad Nacional, tras aceptar parcialmente una medida cautelar presentada por el gremio Sevina. La decisión prohíbe al gobierno de Javier Milei realizar reubicaciones, traslados, cesantías o eliminar estructuras vinculadas al organismo durante este período.

En su fallo, Forns fundamentó la medida en la necesidad de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo mientras se resuelve el fondo del asunto. Además, señaló que tanto la Constitución Nacional como convenios internacionales de la OIT impiden al Estado modificar unilateralmente condiciones laborales establecidas por normas colectivas vigentes.

La magistrada aclaró que no se pronunció sobre la nulidad o inconstitucionalidad del decreto porque esa evaluación requiere un análisis más profundo, con mayor debate y pruebas, que excede la etapa actual del proceso judicial. Por lo tanto, la disolución de Vialidad Nacional queda frenada por ahora hasta que se avance en el proceso legal.