Las víctimas, entre ellas dos menores, vivían sin agua potable ni condiciones básicas y cumplían jornadas extenuantes.

Un operativo en el departamento 9 de Julio, provincia de Santa Fe, permitió rescatar a 31 personas que trabajaban en condiciones de explotación laboral, entre ellas dos menores de edad. Las víctimas habían sido trasladadas desde Los Juríes, Santiago del Estero, para emplearse en los campos Santa Ana y La Revancha e Isabelliana SA.

De acuerdo con la investigación judicial, los trabajadores cumplían jornadas de lunes a lunes, de 8 a 18 horas, con una paga quincenal de unos 300 mil pesos de la que se descontaba la comida. Vivían en campamentos improvisados, sin acceso a agua potable ni baños adecuados, lo que evidenció la precariedad de su situación.

El procedimiento fue encabezado por la Agencia de Rescate y Acompañamiento (ARCA), la División de Coordinación contra el Trabajo Ilegal y el RENATRE, con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Rafaela. Durante los allanamientos se secuestraron celulares, documentación y un cuaderno con registros laborales, mientras que dos personas quedaron imputadas.

Los trabajadores, muchos de ellos sin documentos ni medios de comunicación, fueron asistidos por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la Municipalidad de Tostado y el Programa Nacional de Rescate a Víctimas de Trata.

La causa, a cargo del juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz y el fiscal Jorge Gustavo Onel junto a su equipo, avanza bajo la carátula de trata de personas con fines de explotación laboral.

Este caso se suma a otras investigaciones recientes que exponen la persistencia del trabajo esclavo en el ámbito rural argentino y reaviva el debate sobre los mecanismos de control y prevención en las cadenas productivas.