El presidente apuntó contra la clase política y sindical por frenar su agenda económica. Sostiene que sin reformas laboral, fiscal y previsional, no habrá crecimiento sostenible.
De regreso de su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei endureció su discurso y reclamó avanzar con un paquete de reformas estructurales para lograr mayor crecimiento económico. En declaraciones públicas, apuntó contra lo que definió como la «corporación política y sindical», a la que acusa de bloquear los proyectos clave de su gestión, como la Ley Bases.
El jefe de Estado remarcó que tanto los inversores como los organismos internacionales condicionan su apoyo a la capacidad del gobierno de ejecutar cambios profundos. Rechazó además que una devaluación esté en carpeta, incluso en el marco de las negociaciones abiertas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre las reformas más urgentes, Milei ubicó la laboral, que incluye el fin de la ultraactividad en los convenios, la sustitución de indemnizaciones por un fondo de cese laboral y una baja de cargas patronales. Estos puntos son resistidos por los gremios, mientras el oficialismo, en minoría en el Congreso, explora acuerdos puntuales e incluso mecanismos alternativos dentro del marco constitucional.
En el plano previsional, el gobierno evalúa un modelo mixto que combine pilares públicos y privados para garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio. En materia fiscal, insiste con la necesidad de eliminar impuestos distorsivos, como el impuesto al cheque y las retenciones, compensando con una fuerte reducción del gasto público.
“El ajuste lo paga la política”, reiteró Milei, al reforzar su narrativa de recorte sobre la estructura estatal. El plan económico se apoya en un shock reformista que busca ordenar las cuentas públicas y destrabar inversiones, aunque con costos sociales y políticos de corto plazo.
Con una economía aún en fase de estabilización y un frente social sensible, la estrategia del gobierno apuesta a que las reformas sienten las bases para un crecimiento sostenido a futuro. Sin embargo, la falta de consensos legislativos y la presión callejera podrían tensionar aún más la gobernabilidad.










