La UNCTAD respaldó el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal impulsado por el Gobierno de Javier Milei y afirmó que los pliegos cumplen en gran medida las mejores prácticas internacionales.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) emitió un informe técnico que respalda la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay impulsada por el Gobierno argentino. Según el organismo, los pliegos satisfacen en su mayoría las recomendaciones laborales, técnicas y económicas, y garantizan condiciones adecuadas de competencia internacional. El análisis fue elaborado en el marco del Memorándum de Entendimiento con la Agencia Nacional Portuaria y de Navegación (ANPyN).

El reporte confirma que hay disponibilidad real de flota y empresas capaces de cumplir con las exigencias del dragado, el eje central del contrato. Cuatro firmas líderes —Jan de Nul, DEME, Boskalis y Van Oord— disponen de capacidad suficiente para responder a los requerimientos, mientras que otras compañías podrían asociarse para alcanzar los mínimos necesarios. Con esto, UNCTAD concluye que no existe restricción a la competencia y que incluso podrían presentarse ofertas con mejoras en el servicio.

Aunque avala el diseño general del proceso, el organismo recomienda precisar aspectos operativos, reforzar requisitos técnicos de los oferentes y ordenar criterios de evaluación económica. También sugiere aclarar el funcionamiento del fideicomiso involucrado y reafirma que la adjudicación debe recaer en quien obtenga la mayor puntuación combinada entre calidad técnica y oferta económica. El informe remarca la necesidad de fortalecer la supervisión estatal mediante la ANPyN y de crear una Sociedad de Propósito Específico para mejorar la transparencia.

UNCTAD destaca además el rol estratégico de la Hidrovía, utilizada por más del 80% del comercio exterior argentino y fundamental para varios países de la región. Respaldó el modelo económico planteado, aunque recomendó revisiones periódicas y señaló que la concesión requerirá una fuerte inversión inicial de más de 420 millones de dólares. En un debate históricamente sensible, el aval internacional otorga al Gobierno un apoyo clave y valida la estructura general del proceso licitatorio.