La aprobación ambiental de San Jorge y el avance para actualizar la Ley de Glaciares reordenan el mapa minero del país. Empresas globales ya proyectan desembolsos récord en cobre, el mineral estrella de la transición energética.

La decisión de Mendoza de aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto cuprífero San Jorge marca un quiebre político tras más de una década de freno a la actividad minera. El aval no solo habilita una inversión inicial de USD 559 millones, sino que envía una señal clave a los mercados internacionales: la provincia vuelve a jugar en la liga del desarrollo productivo de alto impacto. En paralelo, el Congreso discute una adecuación a la Ley de Glaciares que permitirá a los gobernadores definir con mayor precisión qué áreas de agua deben protegerse, un reclamo histórico del sector para destrabar proyectos de escala mundial.

Ese cambio regulatorio —que moderniza criterios, elimina superposiciones y da certezas jurídicas— está reconfigurando las expectativas de las grandes compañías globales del cobre. La industria entiende que la Argentina puede volver al mapa con fuerza si combina reglas claras, consensos provinciales y competitividad fiscal. En ese contexto, la aprobación mendocina se interpreta como un punto de inflexión y un indicador de que el país puede retomar la senda de los megaproyectos.

Las mineras ya empezaron a mover ficha. Vicuña Corp. evalúa un paquete de inversiones por USD 15.000 millones para impulsar simultáneamente Josemaría y Filo del Sol, dos de los depósitos de cobre más prometedores de Sudamérica. Glencore, por su parte, acaba de solicitar el ingreso al RIGI para invertir USD 13.500 millones en Catamarca, mientras que Los Azules suma otros USD 2.700 millones en San Juan y First Quantum proyecta USD 3.600 millones en Salta. Son cifras que no se veían desde hace dos décadas y que reflejan el renovado interés por la estabilidad regulatoria.

Con recursos geológicos de clase mundial y una demanda global creciente por minerales críticos, la Argentina se posiciona frente a una oportunidad excepcional. Mendoza, al dar el primer paso, envía un mensaje que trasciende sus fronteras: si las provincias acuerdan marcos modernos y sostenibles, el país puede capturar una porción decisiva del boom del cobre. Y con él, empleo, exportaciones, infraestructura y desarrollo federal.