El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Protección de Glaciares durante el período de sesiones extraordinarias. La iniciativa busca modificar el marco vigente, que el Gobierno considera generador de inseguridad jurídica y un freno a las inversiones productivas.

Según informó la Oficina del Presidente, la reforma apunta a ordenar la normativa actual, evitar interpretaciones discrecionales y consolidar un esquema de federalismo ambiental acorde a la Constitución Nacional. Desde el Gobierno sostienen que, tras más de 15 años de vigencia, la ley presenta falencias que afectaron el desarrollo de proyectos productivos y las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

El proyecto establece reglas claras para la protección de glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, refuerza los estándares ambientales y limita criterios considerados ideológicos que, según el Ejecutivo, obstaculizaron el crecimiento económico. Además, reafirma el mandato constitucional de proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano.

En ese sentido, la iniciativa fortalece el rol de las provincias en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica y promueve una articulación con el Inventario Nacional de Glaciares. El Gobierno define esta propuesta como una reforma clave de “federalismo ambiental”, en línea con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo.

Por último, el Ejecutivo pidió al Congreso un tratamiento rápido del proyecto y aseguró que la reforma responde a reclamos históricos de provincias vinculadas a la actividad minera, como las que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. Según la Casa Rosada, el objetivo final es generar reglas claras, impulsar el desarrollo productivo y garantizar un crecimiento sostenible en las regiones cordilleranas.