El Poder Ejecutivo creó un nuevo organismo para centralizar la evaluación ética en el ámbito de la salud. La Comisión Nacional de Bioética funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud.

La creación de la Comisión fue formalizada mediante el Decreto 893/2025 y apunta a ordenar un escenario que hasta ahora presentaba superposición de funciones y organismos con competencias poco definidas. A partir de esta medida, la nueva entidad será la única autoridad nacional en materia de bioética, con capacidad de fijar criterios comunes y garantizar la protección de las personas involucradas en investigaciones sanitarias.

El decreto dispone la disolución de estructuras previas que no lograron un funcionamiento efectivo, como la Comisión Nacional de Ética Biomédica y otros comités vinculados a la investigación en salud. Sus funciones serán absorbidas por la nueva Comisión, que concentrará la evaluación ética de ensayos clínicos, el análisis de tecnologías emergentes y la elaboración de recomendaciones para el Estado.

El organismo estará presidido por el ministro de Salud, Mario Lugones, y contará con especialistas de distintas disciplinas, entre ellas ética, derecho, filosofía, salud y ciencias sociales, además de representantes de la comunidad. Todos los integrantes ejercerán sus funciones ad honorem y serán designados mediante un proceso público, con el objetivo de garantizar pluralidad y transparencia.

Entre sus tareas principales se destacan el asesoramiento al Poder Ejecutivo, la definición de estándares éticos para la investigación en salud, la promoción de instancias de formación y debate público, y la articulación con comités provinciales. La Comisión deberá reunirse al menos dos veces al año y podrá intervenir ante situaciones emergentes que requieran un análisis bioético.

En paralelo, se creó un Consejo Federal Asesor de Ética en Investigación, integrado por representantes de las provincias, que tendrá como misión coordinar criterios, acreditar comités jurisdiccionales y asistir en dilemas que involucren a más de una región. Con este esquema, el Gobierno busca fortalecer el enfoque federal, brindar mayor seguridad jurídica y alinear al país con estándares internacionales en materia de bioética aplicada a la salud.