Este martes se reanuda el debate oral por la causa Cuadernos con una audiencia clave en la que se cerrará la acusación correspondiente al tramo conocido como “La Camarita” y se dará inicio a la lectura de la imputación vinculada al sistema ferroviario.

El Tribunal Oral Federal 7 celebrará desde las 9 la decimotercera audiencia del año, en la que concluirá la exposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante. En ese marco, se detallará el caso de Luis Armani, presidente de Vialmani S.A. entre 2003 y 2015, a quien se le atribuyen pagos reconocidos para destrabar certificados de obra, mientras su empresa obtenía millonarias adjudicaciones viales.

También se abordará la situación de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y directivo de ESUCO S.A., acusado de múltiples pagos ilegales y de mantener contactos frecuentes con exfuncionarios nacionales. Wagner admitió la existencia de un sistema de recaudación de sobornos y sostuvo que el destino final del dinero era el entonces presidente Néstor Kirchner.

La acusación de la UIF incluye además a Mario Ludovico Rovella, titular de Rovella Carranza Construcciones, quien habría realizado una docena de pagos ilegales por más de 3,5 millones de pesos. Según la acusación, esos aportes fueron canalizados como supuestas contribuciones de campaña, con respaldo en registros telefónicos que coinciden con las fechas de las entregas.

A estos empresarios se suma Juan Manuel Collazo, directivo de Helport S.A. y del Grupo Corporación América, acusado de 14 hechos de cohecho activo. Collazo reconoció haber entregado dinero en efectivo como parte de un mecanismo para agilizar cobros ante Vialidad Nacional, describiendo un sistema de pagos reiterados y exigencias constantes.

Tras el cierre del tramo “La Camarita”, el tribunal comenzará la lectura de la acusación sobre los subsidios al sistema ferroviario. La fiscalía sostiene que los fondos estatales destinados al funcionamiento de los trenes fueron utilizados para el pago de sobornos mediante maniobras de sobrefacturación, falta de controles y asignaciones discrecionales, con la participación de exfuncionarios y empresarios del sector.