La Justicia federal investigó al director del Servicio Penitenciario Federal por supuestos vínculos con empresas que proveían comida en mal estado a detenidos.

La investigación judicial avanzó con un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal, ordenado por el juez federal Federico Villena. El procedimiento se enmarca en una causa que indaga presuntos acuerdos irregulares con proveedores de alimentos destinados a los internos del penal de Ezeiza, donde se habrían detectado graves deficiencias sanitarias.

Durante el operativo se produjo un momento de fuerte tensión cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono celular. Según fuentes judiciales, el funcionario entregó inicialmente un aparato en desuso y luego aseguró haber extraviado el que utilizaba a diario. Un informe técnico indicó que el dispositivo tuvo actividad poco antes del allanamiento, lo que alimentó sospechas sobre una posible destrucción de pruebas.

El expediente se originó a partir de denuncias por comida en mal estado en la cárcel de Ezeiza. Peritajes de la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias peligrosas para el consumo humano. Tras la sanción a una empresa proveedora, la Justicia detectó que la firma que la reemplazó operaba con los mismos recursos logísticos y humanos, lo que fue interpretado como una maniobra para eludir prohibiciones judiciales.

En el trasfondo del caso también aparecen vínculos políticos y situaciones llamativas, como el uso por parte de Martínez de un vehículo secuestrado a un empresario prófugo. Aunque la fiscalía pidió la nulidad del procedimiento, el juez cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad, desde donde aseguraron que colaborarán para avanzar contra lo que definen como estructuras de corrupción arraigadas desde hace años en el sistema penitenciario.