El Gobierno argentino expresó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su respaldo a la operación de Estados Unidos que permitió la detención de Nicolás Maduro y exigió la liberación inmediata del gendarme Nahuel Gallo.

Durante la sesión convocada para analizar la situación en Venezuela tras la captura de Maduro, Tropepi apoyó de manera explícita la acción estadounidense que derivó en el traslado del ex mandatario a ese país para enfrentar cargos judiciales. El diplomático argentino calificó al régimen venezolano como una narcodictadura con impacto regional y subrayó que la detención no constituye un hecho aislado, sino una consecuencia de más de dos décadas de autoritarismo y criminalidad estatal.

El embajador sostuvo que desde 1999 Venezuela fue gobernada por una estructura que combinó el control político con redes de narcotráfico y crimen organizado, lo que provocó el deterioro institucional, la pobreza generalizada y el éxodo de millones de personas. En ese marco, recordó que la Argentina declaró en 2025 al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas, en línea con su caracterización del régimen venezolano.

Tropepi destacó la coherencia de la política exterior argentina desde la asunción del presidente Javier Milei, mencionando el asilo otorgado a dirigentes opositores venezolanos, el desconocimiento de las elecciones de 2024 y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo. También señaló que esas decisiones derivaron en la expulsión de la Argentina de Venezuela y en el hostigamiento a su representación diplomática.

En la parte final de su exposición, el embajador reclamó la liberación inmediata de Nahuel Gallo, gendarme argentino secuestrado desde diciembre de 2024 y mantenido en un centro clandestino de detención. El pedido fue formulado ante el Consejo de Seguridad como una obligación urgente para cualquier autoridad que administre la transición venezolana y como una señal concreta de ruptura con las prácticas del régimen. Con esta intervención, la Argentina dejó asentada una posición clara: apoyo a la acción judicial contra Maduro y un reclamo firme por la libertad de su ciudadano.