El diputado nacional Maximiliano Ferraro volvió a quedar en el centro del debate ambiental tras cuestionar la aplicación de la Ley de Glaciares, pese a que la normativa vigente prohíbe expresamente cualquier actividad minera sobre glaciares y ambientes periglaciares protegidos. La legislación establece zonas intangibles donde no se permiten explotaciones productivas, un punto que suele omitirse en los planteos críticos hacia el sector.

El posicionamiento del legislador contrasta con su disposición al diálogo cuando se trata del agro. Mientras promueve marcos regulatorios flexibles y consensuados para actividades agroindustriales, adopta una postura rígida frente a la minería, incluso cuando esta se desarrolla fuera de áreas protegidas y bajo controles ambientales específicos, reavivando el debate sobre criterios desiguales en la política ambiental.