La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas expresó su preocupación por la puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno. Advirtió que el Estado no puede asumir el rol de árbitro de la verdad pública ni estigmatizar a la prensa y a las voces críticas.

En un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, ADEPA aclaró que su objeción no se centra en la existencia de una oficina de comunicación estatal, sino en el perfil confrontativo y acusatorio que se le pretende asignar. Según señaló, atribuirle funciones de monitoreo y verificación de contenidos puede derivar en mecanismos de vigilancia o disciplinamiento indirecto del periodismo.

La entidad sostuvo que la lucha contra la desinformación no debe apoyarse en una “verdad oficial”, sino en un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, que respondan ante sus audiencias y ante la ley, de acuerdo con los estándares internacionales de libertad de expresión.

En ese sentido, remarcó que son los propios ciudadanos quienes, en un ámbito abierto y diverso, tienen la capacidad de contrastar fuentes, formarse una opinión y evaluar la confiabilidad de la información. “La gente es el último juez del trabajo periodístico”, afirmó ADEPA.

La Oficina de Respuesta Oficial fue presentada este jueves a través de la red social X con el objetivo de “desmentir activamente la mentira” y exponer supuestas operaciones mediáticas y políticas. Desde el Gobierno sostuvieron que la iniciativa busca sumar una voz oficial para brindar más información y aclararon que no apunta a censurar, sino a fortalecer el debate público y la libertad de expresión.