Tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, el oficialismo intentará avanzar en el Senado con el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un esquema diferenciado de sanciones para menores.

El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza, plantea reemplazar la actual normativa vigente desde la dictadura por un régimen especial para adolescentes. La reforma contempla penas que pueden llegar hasta 15 años de prisión para delitos graves, aunque excluye la posibilidad de aplicar prisión perpetua a menores de edad.

La propuesta también establece que los jóvenes condenados deberán cumplir las penas en establecimientos separados de los adultos, con un enfoque que combine sanción y resocialización. Además, incorpora un abanico de medidas alternativas a la prisión, especialmente para delitos de menor gravedad.

En los casos de delitos con penas inferiores a tres años, se descarta la prisión. Para hechos con penas de entre tres y diez años que no hayan ocasionado muerte o lesiones graves, se priorizan sanciones de carácter educativo y social. Uno de los puntos más discutidos fue el financiamiento del sistema: mientras sectores de la oposición propusieron mecanismos específicos de asignación de recursos, el oficialismo defendió un esquema basado en convenios entre Nación y provincias.