La central obrera anunció un cese de actividades por 24 horas en todo el país. La medida es en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El impacto dependerá del tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.

La CGT confirmó la convocatoria a un nuevo paro general nacional, el cuarto desde el inicio de la actual gestión. A diferencia de otras protestas, no incluirá movilización callejera, sino que buscará una paralización total de actividades mediante la interrupción del transporte público y la adhesión de los principales gremios. La central brindará los detalles finales en una conferencia de prensa en su sede de la calle Azopardo.

¿Cuándo será el paro?

La fecha de la huelga estará atada directamente al tratamiento legislativo de la Ley de Modernización Laboral en Diputados. Si el oficialismo consigue emitir dictamen en comisión y llevar el proyecto al recinto esta semana, el paro se realizaría el jueves 19 de febrero. En cambio, si el debate se posterga, la medida se trasladaría a la próxima semana, con el miércoles 25 de febrero como alternativa.

¿Por qué se convoca?

El sindicalismo rechaza de plano la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado. Entre los puntos más cuestionados figuran los cambios en el cálculo de indemnizaciones a través de un Fondo de Asistencia Laboral, la implementación del “banco de horas” para flexibilizar la jornada, las limitaciones al derecho a huelga en actividades esenciales y la reducción del salario durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

¿Qué servicios estarán afectados?

El alcance será amplio. En transporte, la Unión Tranviarios Automotor (colectivos) y La Fraternidad (trenes) anticiparon su adhesión, lo que implicaría la suspensión de servicios urbanos y de larga distancia, además de subtes y vuelos.

En el sector financiero, la Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención presencial, aunque funcionará el homebanking. También se sumarían gremios estatales como Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con impacto en oficinas públicas y hospitales, y sindicatos industriales y comerciales como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), lo que podría resentir la actividad en fábricas y comercios en todo el país.