El Ejecutivo confirmó que aplicará la política de “día no trabajado, día no pagado”. La medida alcanzará a empleados de la administración pública nacional que se sumen a la huelga. Los gremios denuncian una práctica “antisindical” y ratifican la convocatoria.

Ante el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral, el Gobierno nacional ratificó que descontará la jornada completa y el adicional por presentismo a los trabajadores estatales que no asistan a sus puestos. La decisión fue comunicada luego de que los principales gremios del sector público confirmaran su adhesión a la medida de fuerza.

Desde la Casa Rosada señalaron que se aplicarán los recortes correspondientes a quienes se sumen a la huelga y no cumplan con sus tareas habituales. La postura oficial busca, según fuentes gubernamentales, sostener la política de austeridad fiscal y evitar que el Estado financie jornadas de protesta con fondos públicos.

La medida impactará especialmente en afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que ya anunciaron su participación en el paro. Desde el sindicalismo rechazaron la decisión y la calificaron como un intento de extorsión que vulnera el derecho constitucional a huelga.

En cuanto a la atención al público, se prevé un alto nivel de acatamiento en dependencias nacionales, lo que podría afectar el funcionamiento de organismos y hospitales. En el área de salud, se mantendrían guardias mínimas para emergencias, mientras que trámites y turnos programados podrían ser reprogramados.