La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral por 135 votos a favor y 115 en contra, manteniendo el texto que había recibido media sanción en el Senado, aunque eliminó el artículo vinculado a enfermedades y accidentes de trabajo.

Uno de los cambios centrales es la descentralización de los convenios colectivos: los acuerdos de ámbito mayor no podrán alterar lo pactado en convenios de empresa. Además, se limita la ultraactividad, ya que los convenios vencidos dejarán de regir plenamente hasta la firma de uno nuevo, manteniéndose solo las cláusulas sobre condiciones laborales. También se habilita la incorporación de componentes salariales “dinámicos”, que podrán definirse por actividad, región, empresa o acuerdo individual.

En materia de despidos, se conserva la indemnización de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses, calculada sobre la mejor remuneración mensual del último año, pero se excluyen conceptos no mensuales como aguinaldo o premios extraordinarios. Se crea un Fondo de Asistencia Laboral con aportes empresariales diferenciados y se habilita el pago de sentencias en cuotas ajustadas por inflación más un interés anual del 3%.

La reforma incorpora el banco de horas, con posibilidad de extender la jornada hasta un máximo de 12 horas diarias —con descanso obligatorio— para compensarlas en otros días. Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días y deberán otorgarse entre octubre y abril. También se habilita el pago de salarios en moneda extranjera y se redefine el cómputo de antigüedad en casos de reingreso.

En el plano sindical, se fija un tope del 2% para las cuotas solidarias y se establece que las asambleas en los lugares de trabajo requerirán autorización del empleador. Se amplía la categoría de servicios esenciales, que deberán garantizar una cobertura mínima del 75% durante huelgas, y se crea la figura de servicios trascendentales, con un piso del 50%. Entre otros puntos, se dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y se posterga hasta 2028 la eliminación de gravámenes que financian al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.