El juez federal Daniel Rafecas ordenó un allanamiento en una vivienda que perteneció al exrepresor Carlos Suárez Mason. El operativo se realizó en el marco de causas por delitos de lesa humanidad.

El procedimiento tuvo lugar como parte de investigaciones vinculadas a la última dictadura militar en Argentina. Durante el allanamiento, fuerzas policiales y personal judicial recorrieron toda la propiedad en busca de documentación relevante, incluyendo archivos, registros y posibles pruebas sobre el accionar represivo.

Uno de los focos principales de la búsqueda está relacionado con el rol de Suárez Mason al frente del Primer Cuerpo de Ejército, desde donde habría ordenado secuestros y operativos que derivaron en detenciones ilegales en centros clandestinos. También se investigan posibles vínculos con el robo de bebés nacidos en cautiverio, una causa que aún continúa abierta.

Además, la medida apunta a esclarecer aspectos financieros del exmilitar y su entorno. Se busca determinar si existió utilización de fondos públicos o empresariales para financiar actividades represivas e inteligencia ilegal durante ese período.

El allanamiento fue dispuesto tras una nueva declaración que sugiere la posible existencia de material clave en la vivienda. La medida generó cuestionamientos por parte de familiares y allegados, quienes remarcaron el tiempo transcurrido desde la muerte del exrepresor.