El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones vuelve a quedar en el centro del debate por su impacto fiscal. Un informe estimó que el Estado podría resignar más de 1.000 millones de dólares por año. La cifra surge del análisis de los proyectos ya aprobados bajo el esquema.

Entre los principales beneficios otorgados se destacan la reducción del Impuesto a las Ganancias y la eliminación de ciertos tributos. También se incluyen ventajas aduaneras y devolución de IVA durante las etapas iniciales. Este conjunto de medidas implica una significativa pérdida de recursos fiscales.

El estudio también advierte que no todas las inversiones responden al nuevo régimen. Varias ya estaban previstas antes de su implementación, lo que cuestiona su impacto real. El análisis reabre el debate sobre el costo-beneficio del programa.