Una investigación judicial analiza una presunta red que habría utilizado el sistema de pensiones con fines políticos en Córdoba. En el centro de la causa aparecen médicos y punteros señalados por intervenir en la gestión de estos beneficios en distintas localidades. La hipótesis es que existía un intercambio entre asistencia estatal y apoyo electoral.

El foco está puesto en la emisión de certificados médicos que permitirían acceder a pensiones por invalidez. Estos documentos serían clave para habilitar el cobro del beneficio dentro del sistema. La investigación intenta determinar si fueron utilizados de manera irregular en la provincia.

Además, se busca reconstruir cómo operaba la red y qué alcance tenía en Córdoba. Las autoridades intentan identificar a todos los involucrados en la maniobra. El caso plantea dudas sobre la transparencia en la asignación de ayudas sociales.